A un año desde que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales a pesar de la evidencia de su derrota presentada por la oposición, Estados Unidos reafirmó su compromiso "inquebrantable" con la restauración del orden democrático y la justicia en Venezuela.

“Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Su régimen no representa un gobierno legítimo”, declaró el Secretario de Estado Marco Rubio, reiterando la postura clara de Washington frente al autoritarismo en Caracas.

Rubio denunció además que Maduro lidera la organización designada como narcoterrorista, el Cártel de Los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

El gobernante venezolano, actualmente acusado formalmente por la justicia estadounidense, ha sido señalado por EEUU de corromper las instituciones del país para facilitar las operaciones de la red criminal, dedicada al narcotráfico internacional.

El viernes, EEUU anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, apuntando a la responsabilidad del grupo liderado por el chavismo en el apoyo al Tren de Aragua, en su objetivo de utilizar el flujo de drogas ilegales como arma contra Estados Unidos.

Durante años, Maduro y su círculo han manipulado el sistema electoral para perpetuarse ilegítimamente en el poder, añadió Rubio. “Al programar las elecciones municipales en vísperas del aniversario del fraude del 28 de julio, el régimen vuelve a utilizar las fuerzas armadas y policiales para reprimir la voluntad popular”, apuntó.

Los comicios municipales de este domingo, en los que se renovarán 335 alcaldías, han sido impulsadas principalmente por el chavismo. Por su parte, sectores opositores encabezados por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han instado a la abstención, alegando la ausencia de condiciones electorales justas y denunciando un fraude similar al de las presidenciales de 2024.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora, ha afirmado que González Urrutia —actualmente exiliado en España— fue el verdadero ganador de la presidencia en los comicios del año pasado, pero el Consejo Nacional Electoral, de mayoría chavista, dio el triunfo a Maduro, proclamando su reelección.

El secretario de Estado reafirmó que Estados Unidos se mantiene firme en su propósito de colaborar con aliados internacionales para exigir rendición de cuentas al régimen de Maduro. “Quienes roban elecciones y utilizan la fuerza para sostenerse en el poder amenazan los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”, concluyó.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró en entrevista con Martí Noticias que la nueva administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, está tomando medidas concretas para restaurar el estado de derecho en materia migratoria y para enfrentar con firmeza a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Díaz-Balart, quien preside el subcomité de Asignaciones de la Cámara que supervisa los fondos del Departamento de Estado, presentó recientemente un proyecto presupuestal para el año fiscal 2026 que contempla 35 millones de dólares para programas de democracia en Cuba y 40 millones más para operaciones de Radio y TV Martí. La legislación incluye además disposiciones para negar fondos a organizaciones que colaboren con la inteligencia cubana o exploten a los médicos enviados al extranjero por el régimen.

“Esta es la legislación más fuerte en décadas contra el castrismo. Incluye sanciones a quienes se lucren del trabajo forzado de los médicos cubanos, niega visas a represores y exige a nuestros aliados europeos que presionen al régimen”, explicó el legislador por el sur de la Florida.

Deportaciones, redadas y promesas incumplidas

El congresista alertó sobre el aumento de arrestos y deportaciones de cubanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos años bajo programas migratorios impulsados por la administración de Joe Biden.

Según Díaz-Balart, se trató de “legalizaciones artificiales” que ahora están colapsando.

“Hoy esas personas están siendo arrestadas o deportadas, pese a haber creído en una promesa falsa”, dijo el legislador.

Aunque mencionó varias reuniones con la Casa Blanca, el legislador reconoció que hasta el momento no han logrado establecer un proceso especial para migrantes provenientes de países represivos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán o Corea del Norte.

Cambio de rumbo: expulsiones y sanciones

Bajo la nueva administración, encabezada por Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, Díaz-Balart asegura que se está haciendo cumplir la ley.

Entre las medidas implementadas destaca la expulsión de represores del régimen cubano que ingresaron durante la presidencia de Biden, y la negativa a otorgar visas a funcionarios y testaferros del castrismo.

“Están echando a patadas a los verdugos del pueblo cubano que entraron como si esto fuera el patio de su casa. Y vienen más expulsiones”, afirmó.

El congresista también señaló que el gobierno está revisando los flujos financieros entre Cuba y Estados Unidos, en respuesta a investigaciones periodísticas que han destapado la creación de empresas por parte de allegados al régimen en territorio estadounidense.

Chevron, Venezuela y el apoyo a la libertad

Díaz-Balart respondió a las críticas de sectores del Partido Republicano que lo acusaron, junto a los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez, de supeditar intereses nacionales por su oposición a la licencia otorgada a Chevron en Venezuela.

El congresista defendió su postura y aseguró que la política hacia Caracas se está alineando nuevamente con los valores democráticos.

“Lo que ha hecho esta Administración en relación con Venezuela —y lo que viene— será altamente positivo para la causa de la libertad. No vamos a dejar de luchar por nuestros principios, aunque eso nos cueste ataques desde los extremos”, dijo.

Sobre la política hacia Cuba, Díaz-Balart fue enfático: “Trump ha sido el mejor aliado que hemos tenido. Su compromiso con la libertad de los pueblos oprimidos de este hemisferio no tiene precedentes”.

El cubanoamericano concluyó reafirmando su intención de seguir impulsando legislación que refuerce las sanciones al régimen cubano y apoye a la oposición democrática dentro de la isla.

“Esta lucha no es solo por la libertad de Cuba, es por la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sentenció.

El Partido Demócrata Cristiano de Cuba informó sobre el fallecimiento de uno de sus miembros más destacados, el ex prisionero político Siro del Castillo.

El también sindicalista, miembro del grupo Solidaridad de Trabajadores Cubanos, falleció la madrugada de este sábado en la ciudad de Miami.

En el exilio ayudó a miles de inmigrantes cubanos en el éxodo de Mariel de 1980 y durante la Crisis de los Balseros en 1994.

Los democristianos resaltaron en la nota de condolencias que Del Castillo "dedicó su vida a la lucha por la libertad y la democracia de Cuba y que por ello sufrió presidio político".

"Nos deja un gran patriota", afirmó la agrupación.

Fuentes confirmaron a 14ymedio que el opositor exiliado en EEUU llevaba meses lidiando con cáncer y mantuvo hasta el final de su vida una intensa denuncia contra el autoritarismo en Cuba y América Latina.

"Cuba ha perdido un ciudadano que se destacó por su lucha consecuente y justa", dijo a Martí Noticias Joe Cardona, director de Contenido en la Oficina de Transmisiones a Cuba.

Cardona confiesa que Del Castillo fue "un gran amigo y ejemplo" para él, y recordó que el opositor comenzó desde muy joven "su lucha por la libertad de los cubanos".

"En el exilio continuó su lucha contra el régimen cubano y contra todos los que atentaran contra los derechos humanos", apuntó.

Del Castillo defendió insistentemente la causa de los trabajadores cubanos en la Comisión Latinoamericana por los Derechos y las Libertades de los Pueblos y los Trabajadores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.

También apoyó iniciativas recientes en la causa por la democracia en Cuba como la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).