Las paredes de las prisiones cubanas esconden los peligros diarios a los que se enfrentan las personas bajo custodia, incluidos el maltrato y los abusos, tanto de los directivos y personal penitenciario como de los propios reclusos. La situación se hace peor con las personas encarceladas por motivos políticos, que carecen de toda protección.
La presa política María Cristina Garrido Rodríguez denunció, a través de su hermana Angélica, que está siendo acosada desde hace varios meses por una presa común, presuntamente instigada por los mandos del penal y la Seguridad del Estado en la Prisión de Mujeres de Occidente, de Quivicán, en la provincia Mayabeque.
La directora ejecutiva del opositor Partido Republicano de Cuba, es una de las tantas mujeres encarceladas injustamente desde julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en más de 50 localidades exigiendo libertad y mejores condiciones de vida. El Tribunal Provincial de Mayabeque la condenó a siete años.
“Lleva nueve meses bajo las amenazas y el hostigamiento de una reclusa común llamada Imirsy Caballero que le hace el trabajo sucio a la Seguridad del Estado (...) Se burla de ella, la estigmatiza desde el punto de vista político, cuando mi hermana está mirando el Noticiero Nacional de la Televisión, la acusa de mercenaria y que es una soldado de Donald Trump, la persigue, la ofende en sus creencias ideológicas tratando de provocar una reacción violenta de María Cristina que podría acarrearle una nueva causa y más años de cárcel”, detalló Angélica, también condenada tras el 11J y hoy en el exilio.
De acuerdo a la denuncia, la interna atormenta frecuentemente a María Cristina, haciéndola objeto de sus ataques y ofensas verbales, pero las autoridades del penal han ignorado las quejas presentadas por la presa política, natural de Quivicán.
Este miércoles, ante el continuado abuso verbal de que era víctima, Garrido comenzó a gritar a todo pulmón, lo que atrajo la atención de los guardias, pero, lejos de castigar a la agresora, trasladaron a su víctima a la dirección del penal donde le impusieron una medida disciplinaria.
“Esta medida disciplinaria se llama reporte y le puede costar que le quiten una visita o que le quiten el teléfono y no pueda comunicarse con sus hijos. Sabemos que la Seguridad del Estado manda a los presos comunes a golpear, a intimidar a los presos políticos”, dijo su hermana.
El año pasado, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Justicia 11J, en un informe elaborado para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló que "el uso de reclusas mayormente asociadas a delitos comunes para amedrentar, amenazar y chantajear a las presas políticas" es un evento común.
El reporte indica que "estas prisioneras suelen estar coludidas con las autoridades de los penales, y por tanto, no reciben castigos sino prebendas por estos hechos incriminatorios".
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